El liberalismo político del siglo XIX como bien sabemos atacó sistemáticamente a la Iglesia. Cuestión que finalmente a través de esa corriente ideológica se acabaría materializando con acciones como la desamortización, y que se tradujeron en cambios bruscos dentro de pequeños enclaves de las zonas rurales, que como en el caso que nos ocupa, chocaban de pleno con la idiosincrasia de una parte de sus gentes, pues para las familias católicas que vivían del campo, era muy importante tener algún hijo con una formación religiosa, que además de otorgar nombre al linaje, así como poder dar de comer a su parientes y ser una parte indispensable en el proceso de la salvación del alma de los suyos, conseguía también desde el punto de vista económico, que las tierras de aquellas fundaciones que este representaba, dieran trabajo y comida a varios de sus vecinos.
No olvidemos que los lotes de tierras consolidados en capellanías, permitían que el pequeño campesinado contase con la posibilidad de asegurarse un sustento adicional que nunca venía mal.
El procedimiento funcionaba de la siguiente manera: un propietario con fincas cedía estas a la iglesia (normalmente cuando iba a morir), bajo la figura de una fundación, que como ocurrirá en el caso que nos ocupa se representará bajo una capellanía. A cambio, este recibiría de manera permanente una serie de rezos por la salvación de su alma del Purgatorio, así como de paso un familiar suyo acabaría aprovechando los beneficios de la producción agrícola de esas tierras, pues por norma general, en las cláusulas será corriente ver cómo se exigirá que su fundador guarde algún lazo familiar con el futuro capellán que deseara opositar para su tenencia.
Para ello se nombraba a un patrón, encargado de velar por las obligaciones que el fundador había estipulado, de manera que el religioso que tenía la capellanía no disponía de un sueldo, sino que las ganancias de aquellas tierras era lo que le proporcionaba su sustento.
Con ello el antiguo propietario por un lado conseguía aliviar su preocupación espiritual por la limpieza del pecado del alma, así como también permitía que uno de sus familiares pudiese seguir rentabilizando esos bienes, junto con una serie de terceras personas (representadas por vecinos del municipio), puesto que el trabajo de aquellas fincas exigía la mano de arrendatarios, que a cambio de costear modestos alquileres, disponían de un terreno de cultivo para explotar, y consiguiente sustento con el que poder vivir.
Será con las diferentes desamortizaciones, cuando empezará a intentar justificarse que muchas de esas propiedades insertas en aquellas fundaciones religiosas, no estaban debidamente aprovechadas o supuestamente su mantenimiento no se ajustaba a las normas estipuladas en origen por su fundador, pretexto suficiente como para que el estado interviniera, alterando con ello la estructura productiva que tradicionalmente se había venido aplicando en los municipios desde siglos atrás.
En principio, con aquella expropiación forzosa del patrimonio que las familias habían trabajado durante siglos, se pretendía liberar una porción de tierras que únicamente podía afectar a las familias mejor aposentadas, cosa que como sabemos y ha demostrado la historiografía, resultó ser todo lo contrario, y es que a pesar de que el argumentario ideológico pregonaba que aquellas propiedades retenidas por el clero, habían de liberalizarse para que fuesen aprovechadas por labradores más necesitados, muchas veces acabaron vendiéndose a través de subastas, con el gran problema de que por norma general estas recaían en las manos de agricultores con recursos, que al disponer de un mayor poder adquisitivo, mediante aquel sistema discriminatorio, se eliminaba toda posibilidad a los labradores más modestos, imposibilitando así a muchos de esos arrendatarios poder faenar en las tierras que anteriormente lo habían estado haciendo, ya que no tenían las mismas posibilidades en una subasta, sobre las que también se podrían decir muchas cosas.
Resulta llamativo ver como todavía hay a quienes le sorprende ver que en enclaves ruralizados, hubiese vecinos que criticaban ferozmente las políticas desamortizadoras, pretendiendo en algunos casos con malicia, insinuar que poco menos que al tratarse de personas iletradas, estas ignoraban la importancia de fomentar unas supuestas políticas renovadoras que habían de conseguir una distribución ecuánime de los recursos.
Conocemos el caso en el siglo XVI de una representante de la familia Rodrigo, natural de Valera de Abajo y con multitud de propiedades en Piqueras del Castillo, que al no tener descendencia, creó una capellanía que integraba un total de 167 almudes, estando representada por un total de 54 fincas dentro del término municipal de Piqueras, eligiendo como patrón para su control a los representantes de la familia López-Rodrigo.
La fundadora de aquella capellanía era Ana Rodrigo (viuda de Alonso Cavero), la cual en 1566, optó por favorecer a uno de los familiares que deseara integrarse en el clero, bajo la obligación de rezar un total de 26 misas anuales por su alma.
Trascurridos más de dos siglos y medio, apreciaremos que en el año 1826 aquella fundación pasó a manos del párroco de Valera de Abajo, don Juan-María Rubio, quien será el último religioso en ostentarla, puesto que tras su fallecimiento, sus parientes más cercanos en el año 1855, aprovechando que todo el lote patrimonial se podía disgregar en partes, este se acabó vendiendo a dos vecinos con un patrimonio ya importante.
De esta forma ese nutrido conjunto de tierras trabajadas por diferentes labradores del pueblo, dejaban de estar al alcance de los arrendatarios que antaño las trabajaban, además de ser menos rentables, y de paso evitar la existencia de un futuro capellán en el municipio.
Otra fundación que se suprimirá tras la desamortización será la creada en origen por un piquereña, concretamente hablamos de Catalina López, quien en 1559 decidirá disponer de una serie de propiedades dentro de un mismo conjunto indisoluble.
Hemos de decir que hasta la fecha, esta es la fundación más antigua que conocemos en la historia del municipio.
Catalina casó con Juan de Zaorejas, y fruto de su enlace nació Catalina López de Zaorejas, quien sellaría alianzas con Juan de Reyllo. En 1596, veremos cómo se mejorará la cantidad de tierras que integrarán su vínculo tras incorporarse nuevas propiedades.
Esta con el tiempo pasará por diferentes familias del municipio, siempre habiendo de guardar un vínculo de sangre con su fundadora, para que de esta forma el patrimonio estuviera explotado por gente de su linaje.
Finalmente en el año 1866 todas las tierras de la capellanía fueron subastadas, y compradas por un particular, estando formado aquel lote por un total de 80 fincas con una cabida de 75 fanegas. El comprador en esta ocasión fue un piquereño, miembro de la familia Escamilla.
David Gómez de Mora
Cronista Oficial de Piqueras del Castillo
Referencias:
* Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Capellanía de Ana Rodrigo. Signatura: C.O.19/33
* Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Capellanía de Ana Rodrigo. Signatura: C.O.19/42
* Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Capellanía de Catalina López. Signatura: A 70/28
